sábado, 26 de enero de 2013

MAGISTRADOS AL BANQUILLO

                                                      
                                                               Antonio A. Herrera-Vaillant
                                                  
Aunque sorprenda recordarlo, la Corte Suprema de Justicia de Alemania sobrevivió a todo lo largo del horror del Tercer Reich. El sistema judicial coexistió con el poder arbitrario de Hitler y su policía, pero sometido a “coordinación" con los objetivos nazis.

La administración de justicia formuló adaptaciones y concesiones que sacrificaron principios fundamentales a fin de conservar cargos y evitar las terribles represalias que los nazis aplicaban a jueces que desviaban de la línea dictada.

En Núremberg se probó la disposición de esos magistrados a aceptar órdenes “legales” secretas y a desarrollar leyes que convirtieron a los tribunales en instrumentos para aterrorizar a los enemigos del régimen. El 90% de los funcionarios judiciales eran miembros del Partido Nazi.

Paulatinamente el sistema judicial se convirtió en instrumento para la represión. El servilismo era evidente. Cualquier juez que no reconociera a Hitler como fuente de derecho no podía permanecer en el cargo. En 1942, Hitler llamó al Presidente de la Corte para atacar violentamente sentencias que consideró muy débiles, y éste a su vez convocó a los demás jueces y fiscales y les dijo:

"Toda la administración de justicia es una actividad política. La exigencia del Führer que se impongan los castigos más severos, constituye una orden al juez, que éste debe cumplir. Como tan frecuentemente el juez no considera que su actividad sea política, no juzga en el espíritu del Estado Nacional Socialista.”

Idéntica filosofía aplican los comunistas al deformar el ordenamiento legal y atacar al derecho positivo para subordinarlos a la ideología socialista.

Pero los excesos no prescriben y la descarada prevaricación tiene hoy un precio muy alto ante los avances del derecho internacional. Más temprano que tarde la  profesión judicial no puede escapar acusaciones de “asesinato judicial” y crímenes de lesa humanidad.

continua

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