CARACAS (VENEZUELA), 15/01/2013.- El presidente de la patronal venezolana Fedecámaras, Jorge Botti, posa hoy, martes 15 de enero de 2013, durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). Fedecámaras afirmó que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que avaló el retraso de la asunción del presidente, Hugo Chávez, y la continuidad del Gobierno que finalizaba funciones el 10 de enero ha generado "una grave incertidumbre e inestabilidad" en el país. EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ
MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE
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Caracas -- La patronal venezolana Fedecámaras afirmó el martes que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que avaló el retraso de la asunción del presidente, Hugo Chávez, y la continuidad del Gobierno que finalizaba funciones el 10 de enero ha generado “una grave incertidumbre e inestabilidad” en el país.
Caracas -- La patronal venezolana Fedecámaras afirmó el martes que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que avaló el retraso de la asunción del presidente, Hugo Chávez, y la continuidad del Gobierno que finalizaba funciones el 10 de enero ha generado “una grave incertidumbre e inestabilidad” en el país.
La decisión del Supremo “que, a nuestro juicio, obedece a intereses particulares, contiene múltiples inconsistencias sobre las cuales se han emitido diversas opiniones y posiciones, todo lo cual, ha generado una grave incertidumbre e inestabilidad en la vida política y económica del país”, indicó el presidente de Fedecámaras, Jorge Botti.
Al dar lectura a un comunicado de la patronal, Botti recordó el carácter vinculante del fallo emitido por el TSJ el pasado 10 de enero, pero reclamó que “la temporalidad que genera la referida sentencia debe ser aclarada a objeto de evitar la profundización de la crisis”.
Botti señaló “la afectación” existente de la producción y el abastecimiento de bienes y servicios, así como del empleo, y afirmó que existe “la urgente necesidad de atender los crecientes desequilibrios presentes”.
“Nos encontramos en un momento de apremio que requiere sin demora la adopción de decisiones económicas racionales y sensatas estrictamente apegadas al ordenamiento legal”, advirtió.
Manifestó su condena a “cualquier situación de acaparamiento u otras prácticas económicas restrictivas al comercio o contraria a la ley”, pero subrayó
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