Armando González
En noviembre pasado escribí en una columna: “El proceso que comenzó en agosto pasado para aumentar la autorización de la deuda nacional habría de terminar en la víspera del Día de Acción de Gracias basado en la recomendación de un llamado “super comité” congresional. Este comité lograría reducciones al presupuesto federal de $1,500 millones en los próximos 10 años. Si, a la expiración de su mandato, el comité fracasara en su empeño, una lista de reducciones de $1,200 millones, ya establecida, sería activada automáticamente. La mitad de las reducciones provenientes del Departamento de Defensa. Estas reducciones tendrían lugar a partir de enero 2, 2013, convenientemente después de las elecciones de noviembre del 2012”.
Como muchos temíamos, el super comité fracasó en su empeño y, como dice el acuerdo, la reducción de $1,200 millones comenzará a tener lugar el próximo 2 de enero. La administración Obama logró que el acuerdo con el Congreso entrara en vigor después de las elecciones de noviembre del 2012, evitando así causar malestar y desasosiego entre la población antes de las elecciones, pero se les escapó un detalle: la rebaja de $600 millones en el presupuesto de Defensa obliga al Departamento de Defensa a cancelar proyectos de gran envergadura y, por lo tanto, obliga a los contratistas de proyectos de defensa a llevar a cabo serias reducciones de gastos que comienzan con reducciones drásticas de personal. Esto trae a colación otro detalle básico: de acuerdo a la ley, en este caso la Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) Act, el patrono o “empleador”, como decimos en el spanglish de Miami, está obligado a notificarles a los trabajadores, con 60 días de antelación, que “sus empleos serán o pueden ser eliminados”. Como la ley entra en vigor el 2 de enero, las notificaciones a los trabajadores cuyos puestos “serán o pueden ser” eliminados deben llegarles el 2 de noviembre, o sea, cuatro días antes de las
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