El candidato republicano Mitt Romney habla con partidarios en un centro de investigación energética en South Park, Pennsylvania, dos días antes de las primarias en ese estado.
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Guillermo Descalzi
Amanecerá el día de la elección, esta vez con el Partido Republicano arrinconado por la campaña de rechazo en su ultraderecha. Es un rechazo que afecta a los hispanos en el tema migratorio. Es difícil que no perciban sus consecuencias electorales. El rechazo a un arreglo cosecha un rechazo equivalente en toda la comunidad, con o sin papeles, ciudadanos y residentes por igual. Romney podría proponer una vía a la legalización. Es dudoso que lo haga. Tendría primero que convencer a los conservadores de al menos quedarse callados. Hay un argumento para ellos, el económico. Millones de indocumentados, consumidores a escondidas, gastan su dinero a cuentagotas. Los indocumentados son un problema, sí, pero también pueden ser una solución. Su sola oficialización con papeles crearía un inmenso grupo de consumo con todas las garantías de la ley. Darían una inyección de vitalidad a la economía. Legalizarlos no será fácil, primero por renuencia a favorecer a quienes han violado la ley. Segundo, porque la inmensa mayoría de indocumentados son latinos, y hay latinofobia en la ultraderecha anglosajona.
No ofrecer una vía de arreglo al indocumentado mantiene a Romney distanciado de los casi 50 millones de hispanos en el país. Abrirles una vía a la legalización quizás sea demasiado pedirle. Ha soltado una idea intermedia, no deportarlos, esperando más bien que se vayan en una especie de auto-deportación voluntaria y amable. Su idea podrá parecer absurda, pero él la adelanta porque “necesitamos que los hispanos voten republicano”. Las encuestas indican que el voto latino se orienta
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