
Hacia el abismo intelectual y tecnológico
Cuando Hugo Chávez retiró a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en abril de 2006, muchos analistas advirtieron del gran retroceso que esto significaría para la economía del país.Lo que nadie anticipó es que el Gobierno de Chávez anularía el marco legislativo derivado del Acuerdo de Cartagena, el tratado principal de la CAN, contemplado en la Decisión 486, denominada 'Régimen Común sobre Propiedad Industrial', y otros de igual relevancia, sin tener antes una ley moderna vigente con la cual sustituirla.El 12 de septiembre, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), anunció que Venezuela abandonaría las normas de la CAN que rigen el registro de marcas, signos distintivos, patentes y diseños industriales y que se restituirá la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual de 1956. Con esta decisión, el Gobierno de Chávez nuevamente viola la Constitución de 1999, según la cual una norma derivada de los tratados internacionales que pasa a ser 'Ley de la República', sólo puede ser sustituida por la AN al emitir otra ley.
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