Demandan a empresario vinculado a Chávez
El Nuevo Herald
Cuatro compañías operadoras de buques petroleros demandaron en Nueva York a Wilmer Ruperti Perdomo, un acaudalado empresario muy cercano al gobierno de Venezuela, acusándolo de un fraude cometido por el flete de embarcaciones a PDVSA, según documentos judiciales a los que tuvo acceso El Nuevo Herald.
De acuerdo con la demanda radicada en noviembre en una corte federal del distrito sur de Nueva York, Ruperti utilizó información falsa para ocultar a los propietarios de los buques una serie de contratos de transporte de petróleo que obtuvo secretamente, a un precio mucho más lucrativo, con la empresa estatal venezolana. La demanda civil exige un pago de $17 millones.
El pasado 7 de noviembre la jueza del caso ordenó el congelamiento de todos los fondos y bienes de Ruperti y sus empresas por una cantidad equivalente. Hay dos acusados más que no fueron identificados, una persona natural y una compañía.
La jueza suspendió el viernes de la semana pasada la orden de congelamiento mientras se resuelve un recurso de jurisdicción entablado por el demandado.
Para llevar a cabo la operación en entredicho, Ruperti habría sobornado con $1.6 millones a Vladimir Mikhaylyuk quien era gerente general de Novoship Limited, la firma inglesa que encabeza la lista de demandantes. También figuran como demandantes Vital Shipping Corporation, Cally Shiphondings Inc y Dainfor Navigation, de Liberia.
''Se presentaron documentos falsos para dar la impresión de que la contratación de los buques se hacía directamente con PDVSA'', afirma en la demanda el abogado de Nueva York Peter Gutowsky.
En una entrevista con El Nuevo Herald, Ruperti negó las acusaciones y aseguró que todas las transacciones fueron conocidas y aprobadas por las empresas que ahora lo demandan.
''Todo fue público y notorio, esto no es más que una retaliación gigantesca y agresiva contra las juntas directivas que recientemente salieron tanto de Novoship como de Sovcomflot'', afirmó Ruperti desde Nueva York.
El empresario venezolano Ruperti explicó que el pago al gerente general de Novoship no fue un soborno sino una comisión por servicios prestados que fue enviada sin ocultárselo a nadie desde una cuenta de su compañía.
Los abogados de Ruperti respondieron a la querella el 7 de diciembre argumentando que la corte no tiene jurisdicción sobre el caso. Alegan que los hechos presentados por los demandantes no ocurrieron en altamar sino en tierra, lo cual impide el congelamiento de los fondos.
También sostuvieron que la corte no tiene jurisdicción personal sobre el acusado y pidieron al juez que anule la demanda por cuanto no tiene bases probatorias.
''Las reclamaciones de los demandantes se predican basándose en una ostensible e improbable interpretación de ciertos correos electrónicos que se enviaron entre los dueños de tres embarcaciones y los contratistas de esas embarcaciones'', afirma la respuesta de la demanda.
Ruperti es un influyente y acaudalado ''empresario bolivariano'', intermediario para el alquiler de buques petroleros que fue condecorado por el presidente Hugo Chávez como un héroe por sus acciones contra la huelga petrolera entre diciembre del 2002 y enero del 2003.
En medio de la crisis creada por el paro, el empresario puso a disposición del gobierno una flota de barcos que transportaron combustible hacia y desde Venezuela.
A partir de entonces, las empresas de Ruperti, que operan una flota de 19 buques cisterna, han obtenido jugosos contratos de transporte de PDVSA y sus filiales, algunos de los cuales han sido cuestionados. En julio del 2005, El Nuevo Herald tuvo acceso a una investigación de PDVSA en la que funcionarios internos detectaron un posible doble pago a Ruperti de un cargamento de combustible por un valor de $14 millones.
Ruperti se negó a dar declaraciones sobre el caso y PDVSA prefirió no comentar al respecto. Una comisión de la Asamblea Legislativa, dominada por parlamentarios oficialistas, investigó la misma denuncia en 2005, pero la pesquisa fue abandonada.
Basándose en correos electrónicos y en documentos bancarios, la demanda en Nueva York describe varias operaciones presuntamente fraudulentas de Ruperti en la contratación de tres buques cisterna desde octubre del 2002. Según la demanda, las operaciones se realizaban de la siguiente manera: en su condición de intermediario y a través de Trafigura, una de sus empresas intermediarias, Ruperti reportaba a los dueños de los buques que PDVSA había contratado uno de los tanqueros de esas empresas por una determinada suma, generalmente por debajo del precio de mercado.
Los propietarios de los buques aceptaban el contrato basándose en documentos que mostraban que estaban contratando directamente con PDVSA.
Sin embargo, secretamente y a espaldas de los demandantes, Ruperti subcontrataba esas mismas embarcaciones por sumas muchos más altas con PDVSA a través de firmas que el empresario constituyó en Panamá tales como Sea Pioner Shipping Corporation y PMI Trading Inc. Estas operaciones fraudulentas contaron con la complicidad de Mikhaylyuk, según la demanda.
De acuerdo con los cálculos de los demandantes, el fraude en el alquiler de cada barco fue de: $4.6 millones por el Marshal Chuykov, $2 millones por el Moscow Kremlin y $1.6 millones por el Moscow y Stars. La querella agregó a esas sumas $1.6 millones de los presuntos sobornos pagados a Mikhaylyuk, $3.3 millones en intereses y $4 millones en honorarios que calculan que costarán los honorarios de abogados en Inglaterra.
