Con $232 mil millones en deudas y 8 millones de manos extendidas se iniciará un nuevo período de gestión bolivariana mientras 47 sectores laborales en conflicto van por sus reivindicaciones.
Por Francisco Olivares
Diez mil despedidos esperan reenganche, a ellos se unen los conflictos de trabajadores de la salud, universitarios, sector eléctrico y hasta Barrio Adentro, cuyos trabajadores van por contratos colectivos y salarios. FOTÓGRAFO
EL UNIVERSAL
Siguiendo los consejos de Fidel Castro el presidente Hugo Chávez ha llegado a la conclusión de que "no se puede estar regalando todo, hay que cuidar la sustentabilidad" así lo expresó a sus ministros el pasado 26 de octubre durante un Consejo de Ministros en el que contradictoriamente se asignaban nuevos recursos para sostener la red de Mercal y otros programas emblemáticos de la revolución.
Pasado el proceso electoral, el Gobierno iniciará un nuevo período con una deuda que remonta a 232.589 millones de dólares (BAV-MPPF) y 8 millones de venezolanos con las manos extendidas que esperan que se les cumpla todo lo ofrecido en los meses de campaña.
El asunto sin embargo es de dónde sacar el dinero con recursos cada vez más reducidos, y al mismo tiempo llevar adelante el Plan Socialista 2013-2019 que se sostiene a base de los dólares del petróleo, con un presupuesto deficitario y luego de un año electoral en el que prácticamente el Gobierno ha echado la casa por la ventana.
Sectores laborales con contratos vencidos, desempleo, damnificados a la espera de viviendas, beneficiarios de misiones, consejos comunales y regiones aplazaron sus aspiraciones a la espera de la reelección del presidente Chávez. Durante la campaña el candidato-presidente pidió paciencia, ofreció mejorar la eficiencia de la gestión y hasta dio su palabra a sectores laborales como los de Guayana, que en medio de la campaña presionaron para que se reconocieran sus convenciones vencidas, para atenderlos luego de las elecciones.
Hasta en algunos refugios de damnificados, las pancartas alusivas al "Corazón de la Patria" han sido sustituidas por la llamada "hora cero" en la que se indica que han esperados dos años para ser reubicados y advierten que el plazo ha de terminar para lanzarse a las protestas.
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