La crisis boliviana involucra a Insulza
LA PAZ
ALVARO ZUAZO / AP
El gobierno enfrentaba ayer una severa crisis institucional por la decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional de no acatar una resolución promovida por los diputados oficialistas que los suspende de sus funciones,
Por su parte, el líder opositor y ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002) denunció ante la prensa que el gobierno intenta el ''linchamiento'' del Tribunal para establecer un ''régimen totalitario'', y acusó al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, de no preocuparse por la democracia boliviana, pese a sus denuncias de que ella está en riesgo.
Ante los periodistas, Quiroga indicó que Insulza está en la obligación de acatar la Carta Democrática de la OEA y que su ''desatención a Bolivia'' obedecería a que supuestamente logró el puesto gracias al apoyo del presidente venezolano Hugo Chávez, aliado de Morales.
Agregó que Chávez dio en su reciente viaje a Bolivia ''órdenes'' a Morales para que actúe contra el Tribunal e imponga sus criterios en la Asamblea Constituyente, ahora en receso por la violencia desatada el miércoles en su sede de Sucre.
El vicepresidente de la nación y presidente del Congreso, Alvaro García, decretó cuarto intermedio [receso] hasta el miércoles en el Legislativo, donde en la víspera protagonizaron una batalla campal decenas de diputados opositores y oficialistas.
Los opositores defendieron a los cuatro de cinco magistrados procesados y se apoderaron de la testera. Al no poder retomarla en la trifulca, los oficialistas sesionaron en otro recinto y aprobaron la acusación contra los magistrados planteada por el presidente Evo Morales, por prevaricato. De inmediato, los magistrados rechazaron la resolución, que de cumplirse impediría que el Tribunal siguiera operando.
El miércoles, decenas de universitarios se enfrentaron en Sucre con la policía en su intento de tomar las instalaciones de la Asamblea.
Varios juristas indicaron que la sesión fuera del Congreso fue ilegal, y que los magistrados deben seguir en funciones. El constitucionalista Benjamín Miguel dijo a la prensa que la reunión oficialista fue ``clandestina''.
Pero García insistió en que los magistrados deben dejar sus puestos hasta que el Senado, que hace las veces de juez, conozca el caso y emita sentencia.
En respuesta, Quiroga indicó que su agrupación Podemos, la mayor en el Senado, defenderá a los magistrados en esa cámara.
En tanto, el influyente Comité Cívico de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia, y sus pares de otros cinco de los nueve departamentos bolivianos, anunciaron que decidirán protestas contra el gobierno por las acciones del oficialismo en el Congreso y contra Sucre en la Asamblea.
