Carlos Alberto Montaner
La juez venezolana María Lourdes Afiuni cumplió con la ley y Hugo Chávez la hizo encarcelar. Afiuni tenía que pronunciarse sobre un detenido que llevaba tres años de prisión preventiva, el empresario Eligio Cedeño. La ley establecía un máximo de dos, de manera que lo puso en libertad, como era su deber. Chávez la insultó y aseguró que Bolívar la hubiera fusilado. Él se limitaba a encerrarla en una cárcel para mujeres que es algo así como la casa del Marqués de Sade.
Una vez en esa horrible prisión, algunos guardias violaron a la juez, resultó embarazada y perdió a la criatura. La señora tiene casi 50 años. Luego padeció cáncer y fue operada. Ante esa circunstancia, la condenaron a arresto domiciliario. Pero, para que no olvidara quién manda en el país, los chavistas atacaron a tiros el edificio en el que vive. Milagrosamente, nadie salió herido.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa asegura que, como es el jefe del Estado, también es la cabeza del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Nadie le explicó nunca que la clave del modelo republicano es la separación de poderes, los límites legales de la autoridad y el imperio de la ley. Por eso no le parecía extraño ni repulsivo que la sentencia que lo favorecía en su pleito contra el diario El Universo hubiera sido redactada por su propio abogado. Él es el dueño de la justicia.
Daniel Ortega, el presidente de los nicaragüenses, pone y quita jueces a su antojo. Escapó de la acusación de haber violado a su hijastra con la complicidad de un juez provisional que actuó con la velocidad de un carterista. Fue absuelto y liberado en una tarde inesperada y vertiginosa. Utilizó los tribunales para mantener a raya al expresidente Arnoldo Alemán y para amenazar al candidato Eduardo Montealegre. Para Ortega, el Poder Judicial no es una rama esencial del gobierno de la república, sino un instrumento de control político, amedrentamiento y castigo. Es como un palo con el que golpea o amenaza a sus adversarios.
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