Partidarios de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, alzan una bandera frente a la embajada de Ecuador en Londres, donde el periodista australiano está viviendo desde junio. Oli Scarff / Getty Images
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Ricardo Trotti
Contradicciones a granel son las que desenmascaró el fascinante caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien Ecuador le concedió asilo diplomático en su embajada de Londres, pero Gran Bretaña le niega el salvoconducto para abandonar el país.
Partidarios de Assange, entre ellos el presidente ecuatoriano Rafael Correa, favorecen su asilo, argumentando que se trata de un complot internacional con nexos en la libertad de expresión. La confabulación estaría orquestada por EEUU en represalia por la ventilación de sus secretos de Estado, en complicidad con la justicia sueca, que habría inventado delitos sexuales, y por el Supremo Tribunal británico, que acordó extraditar a Assange a Suecia, desde donde sería enviado a EEUU para que se le condene a pena de muerte por traición.
Aunque muchos políticos estadounidenses sienten el deber legal de encausar a Assange, el argumento original de la pena de muerte contra un extranjero bajo la Ley de Espionaje es irreal. Primero, porque los acuerdos entre la Unión Europea y EEUU no permitirían la extradición bajo esa figura y, segundo, si la acusación fuera viable, lo más seguro es que los jueces, en interpretación de la Primera Enmienda, favorecerían el derecho a la libertad de expresión por sobre violaciones a la seguridad nacional.
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