Como tantos otros ciudadanos atentos al desempeño de los gobiernos locales en tiempos de crisis, este verano Ian Norris solicitó los correos electrónicos enviados en abril por los empleados del Distrito de Bomberos de Spring Hill, la ciudad donde reside 60 millas al norte de Tampa.
Le pidieron que llenara un formulario en la computadora y pagara $510 para que le enviaran electrónicamente 3,500 e-mails. Días después, Norris pidió solamente el encabezado de los correos para seleccionar los que le interesaba. El Distrito nunca le respondió.
Norris, de 75 años, no se quedó de brazos cruzados. Consiguió un abogado y presentó en julio una demanda contra el Distrito de Bomberos por violar la Ley de Registros Públicos de la Florida. Días después, una jueza ordenó al Distrito de Bomberos dar los registros o encarar consecuencias legales.
“Cualquier persona que paga impuestos tiene derecho a saber qué hacen con su dinero”, me dijo Norris el viernes. “Nadie puede restringirme”.
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