Libertades económicas bajo amenaza
Alertan que la producción se basará en lo que el Estado desea
SUHELIS TEJERO PUNTES
EL UNIVERSAL
Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Victorino Márquez, la propuesta de modificaciones a la Constitución Nacional presentada por el presidente Hugo Chávez suprime toda mención a las libertades económicas, lo que arriesga el ejercicio de las mismas.
"El cambio más importante es que se está creando un esquema económico rígido".
Márquez aseguró que si bien la reforma en realidad no apunta a la generación de un monopolio estatal, sí provoca un enorme poder en manos del Estado. Citó como ejemplo el tema de la propiedad, con una aparente pluralidad de tipos de la misma, pero que en la realidad ocultan un aumento desmesurado de la propiedad estatal.
La propuesta del presidente Chávez indica la convivencia de cinco tipos de propiedades: la pública que pertenece al Estado, la social que administra el Estado, la comunal que es manejada por los consejos comunales, la mixta que puede ser integrada por el Estado y el sector privado en sus diferentes combinaciones y la propiedad privada.
En tal sentido, el profesor de la UCAB alertó que la clasificación de los tipos de propiedad implicará una concentración de los recursos productivos en manos del Estado, situación que representará una amenaza en materia de libertades civiles y políticas, no solo económicas.
"La evidencia histórica demuestra que en los lugares donde el Estado reclama la propiedad de la totalidad de los medios de producción, los individuos no tienen la forma de hacer valer sus ideas disidentes pues dependen del Estado para ganarse la vida", destacó Márquez.
Pero para el analista resulta primordial analizar el esquema económico propuesto por Chávez para la Constitución Nacional en el marco del Consejo Central de Planificación, órgano de reciente creación por parte del Gobierno con el objetivo específico de crear las condiciones necesarias para la transición hacia el esquema socialista.
Esta instancia tiene la tarea de articular y coordinar los mecanismos de intercambio y distribución de la producción nacional, con base en las necesidades de la población y en los costos reales de producción por ramo, sector y unidad productiva; para fijar los precios justos.
"Esto significa que las necesidades del pueblo no serán determinadas por el pueblo ni los precios por la oferta y la demanda, sino por unos burócratas iluminados al mejor estilo del socialismo soviético".
En conclusión, el Consejo Central de Planificación, enmarcado en la nueva Carta Magna propuesta, obligará a las empresas a producir lo que quiere el Estado y no lo que demanda la población.
