La inseguridad Ciudadana en Venezuela: Una oportunidad para el consenso.
América Latina es el continente más inseguro del mundo, y Venezuela es en la actualidad uno de los países más inseguros de América Latina. Efectivamente, el país ha sido el escenario de una escalada de violencia cuyos indicadores oficiales no dejan posibilidad a ninguna duda sobre la magnitud del problema: Entre 1986 y 2005 la tasa de homicidios se ha incrementado en un 564%; entre 1998 y el año 2005 ese mismo indicador se incrementó en 128%; la tasa de muertes por causas indeterminadas se incrementó en 74%; la de secuestros en 426%, y la de muertes por enfrentamientos en 253%.
Lo cierto es que toda la sociedad venezolana siente y experimenta las consecuencias de la inseguridad ciudadana, sin que por ello el problema se haya colocado en la agenda de las políticas públicas como una de sus prioridades. Los ciudadanos, independientemente de su clase social, su filiación política o su adscripción ideológica se sienten inseguros. La inseguridad ciudadana siempre ha sido parte de la terna de los principales problemas percibidos como entre los más importantes, acompañando al desempleo y a la inflación. Pero el agravamiento de la situación en los últimos años la ha colocado como el que más angustia produce en la gente, no solamente porque sus efectos en las personas suelen ser devastadores y muchas veces irreversibles, también porque es el único de los tres que requiere algo más que bonanza económica y alguna capacidad distributiva de la renta petrolera. De hecho, requiere y exige el diseño e implementación de un sistema de políticas públicas que aborde tanto aspectos preventivos, que tienen verdadero impacto en el largo plazo, como aspectos represivos, que se constituyan en un mensaje explicito para que intención delincuencial no se transforme en conducta social desviada.
La violencia es un compañero inseparable de la inseguridad. El incremento en la ocurrencia de actos delictivos y la percepción de la población de que cualquier aproximación a los espacios públicos es una oportunidad para que la violencia los alcance y los transforme en víctimas de la violencia, han provocado cambios indeseables en la forma como se organizan nuestras ciudades y en las nuevas modalidades de vida de la gente. Hemos visto impávidos las transformaciones en el urbanismo (cierres de calles, urbanizaciones amuralladas y otras formas de segregación residencial), nuevos comportamientos sociales (angustia, desamparo), una reducción de la interacción social (apatía, indiferencia, reducción de la ciudadanía como ejercicio cotidiano), y la militarización de las ciudades como un intento desesperado de recuperar el orden social. Hemos asistido imperturbables a la reducción progresiva de la calidad de vida de la población, y al incremento del miedo, el odio social y la desesperanza.
Aunque la violencia ha sido un signo crecientemente determinante para entender la dinámica del país, no terminamos de entender cuáles son sus causas. Por muchos años se ha apostado a que la violencia es el resultado de conductas individuales patológicas o desviadas. Por muchos años se ha creído que son personas o grupos de personas, “los malos”, los responsables del saldo de inseguridad que sufre la sociedad. Empero, ese diagnóstico errado es parte del problema que habría que erradicarse. Lo cierto es que la violencia debe entenderse como un tipo particular de relación social en la que estamos inmersos. Solo así podríamos comenzar a entender la organización del delito, las distintas formas que asume el delito, y por lo tanto, con buenos diagnósticos e hipótesis acertadas, comenzar a diseñar políticas integrales que superen el mero enfoque represivo y de control que no han dado resultados.
