Varias personas pasan frente a la entrada de la tienda Topshop, en Reykjavik, la capital de Islandia. El gobierno nacionalizó los tres principales bancos tras la crisis del 2008.
Arnaldur Halldorsson / Bloomberg
Ariel Hidalgo
Un fantasma recorre el mundo: el ejemplo de las reformas islandesas. Como fantasma al fin, no se ve en las primeras planas de los principales periódicos del mundo, pero se siente. En días pasados la agencia de calificación crediticia Standard & Poor, al mismo tiempo que dio a conocer las alarmantes cifras de la mayoría de los países de Europa sobre el desempleo, en particular España con 24.44 por ciento, revela, como contraste, la notable mejoría de Islandia que en dos años y medio lo ha ido reduciendo desde el 12 por ciento hasta la actual cifra de cinco, y califica su economía de “próspera y flexible” para concluir con este pronóstico satisfactorio: “solvencia a largo plazo”.
El éxito de este país, que fue el primero en sufrir la crisis del 2008 y que algunos observadores califican de “milagro laboral islandés”, no debería sorprender a quienes leyeron mi artículo El poder detrás del trono, publicado en este periódico el pasado 9 de julio. En octubre del 2008 el sistema financiero de Islandia colapsó, y a diferencia de Estados Unidos y Europa, donde la población aceptó pasiva que los bancos fueran salvados con sus propias contribuciones, la gente se lanzó a las calles, el gobierno se derrumbó y un nuevo gabinete, compuesto por verdes y socialdemócratas, no sólo se negó a pagar un solo centavo de los contribuyentes para el rescate de sus tres principales bancos, sino que además, los nacionalizó, e intervino los activos de estas agencias para luego transferirlas a nuevas sociedades saneadas, e incluso procesó y encarceló a algunos de los banqueros por su responsabilidad con la crisis. Como complemento político, 25 ciudadanos fueron elegidos entre 522 candidatos por sufragio universal al margen de los partidos políticos para redactar una constitución que incluye el derecho a la información con acceso público a los documentos oficiales, la creación de un Comité de Control de Responsabilidad del Gobierno y otros mecanismos que otorgan poder a la ciudadanía.
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