El problema no es que Garzón sea un delincuente, que lo es, sino la cortedad de miras del presidente Juan Manuel Santos al insistir en mantenerlo como asesor de asuntos de política judicial en Colombia. Baltazar Garzón, obnubilado por su propia egolatría a raíz del juicio (justo por demás) contra el general Pinochet, se lanzó por el tobogán de la figuración pública hasta quedar enceguecido por una egolatría que lo condujo finalmente a que el máximo tribunal español lo condenara a once años de suspensión como juez, por el delito de prevaricación.
La causa que se le siguió a Garzón se debe a que éste ordenara un conjunto de escuchas ilegales (léase interceptación de llamadas) a los implicados en el asunto Gürtel, cuando éstos conversaban con sus abogados en los locutorios del penal donde se encuentra arrestados por un caso de corrupción en la ejecución de contratos millonarios con algunas administraciones gobernadas por el Partido Popular. Fuera cual fuera la intención final de Garzón, y entendemos que su objetivo era dañar al PP en razón de la proximidad de las elecciones, el haber intervenido los teléfonos de los reos significa un delito que el ahora ex juez pantalla se ve obligado a pagar.
Pero hay más, otros dos juicios por venir tienen que ver con el cobro ilegal de honorarios profesionales pagados por el banco Santander por unas conferencias realizadas en la Universidad de Nueva York, además de otro por prevaricación al haber abierto una investigación acerca de los crímenes del franquismo sin tener cualidad para ello, violentando además los acuerdos del borrón y cuenta nueva con el que comenzó la democracia en España a raíz de los acuerdos de 1977.
