Washington – Mientras la Casa Blanca y la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, siguen afirmando que las deportaciones se están centrando en lo peor de lo peor, grupos pro inmigrantes cuestionan cada vez más el compromiso de la administración en el frente migratorio pues lo único que esta Casa Blanca tiene para demostrar son precisamente más deportaciones y no todas de personas con historial criminal.
Al récord de remociones se suman algunas acciones cuestionables de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en la conducción de sus operativos en ciertas áreas del país. Es más, la petición de los grupos ya ha pasado de la reforma migratoria integral a alivio administrativo para ciertos grupos de indocumentados, como los jóvenes que quieren proseguir estudios universitarios o inscribirse en las Fuerzas Armadas y que se beneficiarían del DREAM Act, o los padres indocumentados de cuatro millones de niños ciudadanos de Estados Unidos.
No es que la Casa Blanca esté muy entusiasmada ante la petición. El propio presidente Barack Obama dejó muy en claro la semana pasada, en un foro auspiciado por Univisión, que no puede ignorar las leyes sobre deportaciones y otros aspectos migratorios y dictar una orden ejecutiva que ponga fin a las deportaciones, por ejemplo, de estudiantes. Pero hay opciones para que un mandatario conceda, a discreción, alivio administrativo en ciertos casos específicos y bajo ciertas circunstancias. Diferir una deportación de manera temporal o indefinidamente es una de ellas. Que no se haga ampliamente es otra cosa por las consideraciones políticas que eso supone.
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