Se trata de la vida. De afirmarla, defenderla y preservarla frente a los que – a priori– clasifican la fertilidad de la mujer como peligrosa. Igualmente el que pueda engendrar y dar a luz; lo consideran principalmente una patología de la que hay que salvaguardar –a como dé lugar– a toda mujer. Esa es la ideología y línea de pensamiento que sustenta el Mandato que ha querido imponernos –ilegalmente– el Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos.
Por eso es que hemos alzado la voz. Callar sería otorgar. Han intentado violentar tranquilamente nuestra conciencia y nuestros derechos constitucionales. Pero para susto y disgusto suyo, no capitulamos. El derecho a la vida es demasiado urgente y sagrado como para declinarlo servilmente.
Esperaban que los dejáramos violentarnos la conciencia. Ustedes podrán pensar como quieran, nos han dicho, pero nosotros ostentamos el poder civil y podemos obligarlos a proceder según lindamente nos parezca. “No podemos cumplir con esta ley injusta, y no lo haremos”, les ha contestado – sin reservas algunas– Thomas Wenski, nuestro arzobispo. No tienen que darnos un año para ir violentando paulatina y cobardemente nuestras conciencias. Nos negamos, han declarado prácticamente al unísono nuestros obispos.
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