FEDECAMARAS PLANTEA POSICIÓN DEL EMPRESARIADO ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL
EXHORTAN A DIPUTADOS A PONER LOS INTERESES DEL PAÍS
POR ENCIMA DE IDELOGIAS POLÍTICAS
El presidente de FEDECAMARAS, José Manuel González, acompañado por miembros del directorio del ente gremial, acudió a la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional a fin de ejercer su derecho de palabra y expresar la voz del empresariado en torno a la posición y las observaciones de este sector con relación a la propuesta de Reforma Constitucional.
Reiteró el dirigente gremial que los intereses del país deben estar por encima de los de los empresarios, trabajadores, partidos políticos o del propio Presidente de la República.
Instó a los diputados de la AN a que ejerzan su representación, según el mandato de los venezolanos y revisen los planteamientos efectuados por los empresarios así como de cada uno de los sectores que han fijado posición. Los exhortó a colocar los intereses del pueblo por encima de cualquier ideología política.
Según lo planteado por González, la Reforma Constitucional se propone la completa transformación de nuestro actual Estado democrático y social, de derecho y de justicia, en uno socialista, modificando conceptos que históricamente han constituido pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.
“El proyecto de reforma constitucional establece cambios en el modelo económico de acuerdo a lo establecido en el artículo 112, cercenando derechos ciudadanos muy sensibles como las libertades económicas, únicas capaces de garantizar el verdadero desarrollo de un país y el bienestar social. Se evidencia una limitación al principio de la libertad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado, consagrado en el artículo 2 de la Constitución Vigente.”
El dirigente gremial analizó con preocupación: “del contenido de algunas normas, se desprende en forma evidente, que se están limitando los espacios para la empresa privada, la supervivencia de las actividades que esta desarrolla y la participación de sus creadores. Solo sería posible sujeta a su conversión en empresas mixtas o empresas colectivas (art. 112). Recordemos que eliminación de la libre empresa constituye una violación de los derechos humanos fundamentales”.
Al respecto planteó algunas reflexiones sobre el futuro de Venezuela y su desarrollo: “acaso es posible la prosperidad de un país sin empresas privadas o es lógico desconocer la alta contribución del sector en el desarrollo de los pueblos y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”.
Propiedad privada desvalorizada
Acerca del artículo 115, referido a los tipos de propiedad destacó que aunque se ha planteado que se incluyan los atributos uso, goce, disfrute y disposición, es fundamental también considerar que tal y como está expresado en el texto la propiedad privada queda sujeto a la demostración de legitimidad de su adquisición, limitada a determinado tipo de bienes, disminuida en su consideración y expuesta a la ocupación previa y la expropiación, según lo estime el Estado. Asimismo, alertó sobre la disminución de la propiedad privada frente a lo que pueda considerarse propiedad social.
Para González, los términos en que se plantea el derecho de propiedad, son una muestra adicional de la desvalorización de otro de los derechos humanos fundamentales que junto a la libertad, la igualdad, y la resistencia a la opresión, han constituido fundamento de los derechos universales del hombre.
También “se acentúa la poca certeza jurídica sobre la propiedad privada, al asignar a la República la posibilidad de asumir sectores de la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola y transferir su ejercicio a entes autónomos, empresas públicas y organizaciones sociales, así como ejercer su facultad expropiatoria y potestades de ocupación previa. Cómo vamos a invertir y a trabajar en el desarrollo del país sin tener seguridad jurídica, reglas del juego claras y garantía de nuestras libertades” (art. 305 PRC).
“Se profundiza la disminución del derecho de propiedad, al pretender aplicar tributos sobre todas las tierras productivas que no sean empleadas para la producción agrícola y pecuaria (art. 307). Es que acaso se pretende desconocer otras normas que hayan permitido el cambio de uso a tierras que en principio podrían ser consideradas productivas y en consecuencia de vocación agrícola o pecuaria, pero respecto a las cuales, motivado al crecimiento poblacional, las respectivas autoridades se vieron obligadas a cambiar el uso de las tierras a residencial o industrial, según fuere necesario”.
Insistió en que no es restándole posibilidades al ciudadano y disminuyéndole sus derechos como se promueve el desarrollo y el mejoramiento de su calidad de vida, sino facilitándole las herramientas para crecer moral, social y económicamente. Además brindándole seguridad jurídica y garantías sobre su integridad personal y patrimonial.
Ilusorio concepto de alternabilidad
Según la opinión de González, “más allá de una reforma se observa un cambio completo en todas las áreas: forma del Estado y su estructura político-territorial, régimen económico, nueva concepción de la Fuerza Armada, cercenamiento de la propiedad privada, perdida de la autonomía del BCV, cambio en la jornada laboral. Todo ello con un marcado signo ideológico”.
El articulado contenido en la propuesta menoscaba principios fundamentales tales como el pluralismo político, la descentralización. Hace ilusorio el concepto de alternabilidad de los gobiernos. La experiencia universal ha demostrado que bajo la concepción de un Estado socialista, no hay lugar para el pluralismo político.”
Además, “extender el período presidencial y permitir la reelección del Presidente sin limitación de oportunidades (Art. 230 PRC), tal como se plantea, convertirá el principio de alternabilidad en algo irrelevante”.
La centralización propuesta es un retroceso
Por otro lado, “la incorporación de nuevas organizaciones político – territoriales, la designación de sus autoridades por el Poder Nacional y el regreso a la organización del Distrito Federal, sujeto también al Presidente, es volver al esquema centralista, lo cual ya se había superado con éxito”.
Según el dirigente gremial atribuirle al Poder Nacional el régimen territorial de todas las entidades federales, incluyendo estados y municipios, así como quitarle a estos la recaudación de los tributos territoriales, los cuales han constituido importante fuente de ingresos, es negar el principio de descentralización que ha sido una conquista de los ciudadanos para sus regiones.
En este sentido, “la concentración de atribuciones en el Poder Nacional y en especial la entrega de éstas en su mayoría, al Presidente de la República, no constituyen medidas sanas, y rompen el principio de equilibrio de los poderes, fundamental a todo Estado Democrático y de Derecho”.
Autonomía del BCV es conveniente para el país
Por otro parte acerca de la pérdida de autonomía del Banco Central de Venezuela, el presidente de FEDECAMARAS aseguró que si se pierde la contrabalanza estabilizadora de la política económica aumentan significativamente los riesgos de: inflación, volatilidad en el tipo de cambio, volatilidad financiera (tasa de interés, menos importante con control de cambio) y volatilidad de la tasa de crecimiento.
“La eliminación de la autonomía del Banco Central de Venezuela y la entrega de la administración de las reservas, como antes se indicó, al Presidente de la República, habrá de constituir un quebrantamiento a nuestra posición en el mercado interno y externo, habida cuenta de los riesgos a que se puede exponer el respaldo de nuestra moneda, muy especialmente considerando que es el fin esencial del sistema monetario nacional”.
Jornada laboral y fondo de estabilidad social
De acuerdo a González, no se requiere de texto constitucional para crear Fondos como el referido para la Estabilidad Social para Trabajadores y Trabajadoras por Cuenta Propia” (Art. 87 PRC), toda vez que ello es posible realizarlo a través de otros mecanismos legales. Tampoco sería necesario para el caso de los cambios en la jornada de trabajo (Art. 90 PRC), “cuyas modificaciones deben ser objeto de Diálogo Social Efectivo por sectores y establecidos mediante otros mecanismos legales”.
Respecto a las misiones señaló que no se requiere de texto constitucional, pues el concepto y administración de los sistemas excepcionales y experimentales para las llamadas “misiones” puede ser objeto de una legislación Ad Hoc que asegure su funcionamiento eficiente.
Asimismo alertó que la consagración del llamado autogobierno (Arts. 16 y 136 PRC), parecieran evidenciar total autonomía, y en consecuencia no sujeto a las autoridades locales legítimamente electas o legítimamente designadas, según el caso. “Creemos que ello puede propiciar caos en las comunidades y localidades y en consecuencia abandono, retraso e inseguridad”.
Expresó su inquietud frente a la concepción de la administración pública como instrumento de los poderes públicos y no al servicio de los ciudadanos (Art. 141 PRC) ni sujeta su actuación a los principios de honestidad, participación, celeridad, eficiencia y responsabilidad.
Fuerza armada politizada
“Estimamos delicada la definición de la Fuerza Armada (Art. 328 PRC), ya que propicia su politización y la posibilidad de atender y servir exclusivamente a una parcialidad política y hasta a una sola persona, lo que obviamente quita el equilibrio y objetividad que debe caracterizarla frente todo el pueblo venezolano y no de una parte de éste. Así mismo, pareciera no importar la alta preparación que se ha venido logrando en este cuerpo, toda vez que se elimina el calificativo de “esencialmente profesional”, expresó.
Llamado a la reflexión
Concluyó diciendo que “el rol de los ciudadanos, de la sociedad civil organizada es asumir con conciencia el análisis de la reforma planteada y hacer sus observaciones, sus propuestas. Cada venezolano tiene el futuro de la patria en sus manos. Estamos hablando la Carta Magna que regirá el destino de nuestra patria”.
“El panorama que se nos presenta nos llama a la reflexión sobre lo que queremos para Venezuela. El Presidente está en su derecho de proponer una reforma y los ciudadanos tenemos la responsabilidad de decidir”.
“El empresariado reunido en FEDECAMARAS, continuará trabajando por el país, por su desarrollo y su prosperidad. Persistirá en la presentación de propuestas al Gobierno Nacional para contribuir a la solución de los graves problemas que nos aquejan, y acudirá a todas las instancias para insistir en el respeto a los principios, normas y garantías constitucionales, a fin de lograr que ese Pacto Social que constituye una Constitución, sea siempre la proclamación de los principios y valores que habrán de lograr el definitivo desarrollo de nuestra Nación”.
Prensa FEDECAMARAS
María Alejandra Stojakovic
CNP/ 11.412
2 de Octubre de 2007
