RAFAEL PRIETO ZARTHA
El tate quieto que le puso el juez federal de distrito, Richard Gergel, a la ley antiinmigrante SB 20 de Carolina del Sur era algo que se veía venir desde el lunes 19 de diciembre, cuando escuchó los argumentos de las partes en el recinto de su corte en Charleston.
Lo digo porque estuve un rato en la audiencia y vi a Gergel interrogando al abogado André Segura, del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Gergel anotó ese día, antes de anunciar su decisión de bloquear los aspectos más severos de la ley, las complicaciones que la normativa traería para el estado al dar facultad a los agentes de la ley locales y estatales de preguntar por el estatus de los sospechosos de ser indocumentados, al obligar a la gente a portar papeles para probar su estatus y al castigar a quienes alberguen o le den un “aventón’’ a un peregrino en necesidad.
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