martes, 29 de noviembre de 2011

LO QUE NO ES IGUAL ES TRAMPA

En la Asamblea Nacional los diputados chavistas aprobaron la “Ley Para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos Por Razones Políticas en el Período 1958-1998”, también identificada como “LEY SOTO ROJAS”. Hasta aquí, según el titulo de la ley, todo está bien, nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo con que se investigue y sancione  la violación de los derechos humanos. Pero resulta que, según los voceros chavistas de la AN, la investigación se limitará solamente a buscar responsables entre las autoridades civiles y militares que ejercieron funciones gubernamentales durante los cuarenta años del periodo democrático o de la llamada cuarta republica. O sea, que quienes asumieron el terrorismo y la lucha armada  irregular para subvertir el orden constitucional legal y legítimamente recién establecido en el país, por voluntad popular, no serán investigados. Qué maravilla. Prohibido olvidar para unos pero para otros no. Para los militares y las autoridades policiales que les correspondió enfrentar al terrorismo y la subversión armada apoyada por el castro-comunismo les es difícil olvidar que hubo perdón para todos a través de un proceso de pacificación que les permitió incorporarse  a la lucha política democrática. Pero hoy, desde el poder, es lamentable e inaceptable que el régimen haya borrado y tergiversado de manera deliberada la historia civil y militar de esas décadas que marcaron el difícil y complejo inicio y consolidación de la democracia venezolana. No podemos olvidar las cerca de 500 acciones terroristas y subversivas cometidas por el castro-comunismo en Venezuela durante la década de los años sesenta. Abarcaron toda la variedad imaginable de secuestros de personas, aviones y barcos; asesinatos de ciudadanos comunes, autoridades civiles y militares, policías; tomas por asalto de alcaldías, prefecturas, instalaciones civiles, militares y radio emisoras; asaltos y robos de bancos, comercios, oficinas y residencias; voladuras de oleoductos,

continua:
FRENTE INSTITUCIONAL MILITAR