Desde el siglo V antes de Cristo la historia escrita da cuenta de la existencia de traficantes en bienes y personas en las costas del Golfo Pérsico. Luego en las naciones vecinas del mar Mediterráneo y del mar de China veríamos operando a los contrabandistas. En Venezuela, desde 1565 sabríamos de bucaneros, corsarios y filibusteros.
Todos los procesos de control de insumos no suntuarios en el mundo moderno que pretenden fiscalizar la carestía de productos, incentivan el contrabando. El delito es consecuencia de desacertados procedimientos que terminan en cohechos gubernamentales. Ante tal calamidad e ineficiencia, violar la ley es un derecho de sobrevivencia y ha sido históricamente más oportuno y provechoso para los consumidores.
La promulgación de un reciente decreto en Venezuela, vía de una írrita habilitante presidencial, de la Ley General de Costos y Precios Justos expresa en su motivación: “Es necesaria una Ley de Costos y Precios Justos que coadyuve la acción del Ejecutivo Nacional en la implementación de políticas de democratización de acceso de todas las venezolanas y todos los venezolanos, de manera equitativa, a los bienes y servicios”.
Esta endosa de manera irresponsable al sector comercial independiente los errores incurridos por los burócratas en el manejo de alimentos. Se olvidan de la estafa realizada por PDVAL, filial de Petróleo de Venezuela, cuando comunistas cubanos y venezolanos dejaron perder miles de toneladas de productos en puertos y almacenes, muchos de ellos por cierto no aptos desde su origen para el consumo humano.
http://www.elnuevoherald.com/2011/07/29/992703/manuel-corao-por-la-izquierda.html#ixzz1TV8ydl4p
