Alvaro Vargas Llosa
Tegucigalpa—Las elecciones presidenciales que se celebrarán en Honduras el 29 de noviembre son la manera legítima de resolver la crisis que ha dado a este país una desproporcionada proyección internacional desde que el Presidente Manuel Zelaya fue depuesto en junio.
Esa es mi obvia conclusión tras conversar largamente con el Presidente interino Roberto Micheletti, autoridades judiciales y legislativas, miembros de la oposición, dirigentes empresariales y observadores extranjeros durante una reciente visita. Nadie en el gobierno actual está interesado en un fraude electoral, ni es ello factible dadas ciertas garantías, que incluyen un tribunal electoral y una Corte Suprema que gozan de considerable respeto. Las autoridades parecen muy interesadas en deshacerse de la carga que llevan encima por la censura internacional mantenimiento su promesa de entregar el poder a un Presidente electo.
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