Un país sin Ley El 18 de febrero, las primeras páginas de la prensa internacional informaban que la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) había intervenido al Stanford Financial Group (SFG), debido a que sus directivos habían cometido una serie de delitos federales, entre los que se cuentan: fraude bursátil y fraude postal, entre otras violaciones. La imputación a Stanford se basó en el manejo de un supuesto fraude centrado en la venta de Certificados de Depósitos (CD), a través de su filial de Antigua, el Stanford International Bank Ltd (SIB). El colapso del SIB provocó una corrida en el pequeño Banco Stanford, S.A. Banco Comercial, de Venezuela. A pesar de que a la Superintendencia de Bancos (Sudeban) y el Ministerio de Economía y Finanzas garantizaban la sanidad financiera del Banco Stanford, S.A. Banco Comercial, de Venezuela, el peligro de una corrida mayor llevó a Sudeban a intervenir la institución (a puertas cerradas), congelando los depósitos para proteger a los ahorristas venezolanos. Hasta aquí, el Gobierno actuó con relativa lógica y legalidad. Pero, las cosas comienzan a enredarse cuando Sudeban ordenó la valoración y venta inmediata de la entidad. Para llevar a cabo este proceso la Junta abrió un Data Room el 9 de marzo, donde por Bs.F.10.000 ofrecía detalles a cada interesado sobre el estado técnico y financiero del banco. También informó que los interesados debían solicitar la calificación de Sudeban entre el 11 y 12 de marzo y que las actividades y visitas al Data Room se realizarían entre el 14 y el 17 de marzo. Además anunció que convocaría a la Asamblea de Accionistas, para el 20 de marzo a fin de conocer las ofertas económicas de los interesados calificados por Sudeban, para luego proceder a la adjudicación de las acciones y la venta de la entidad.Adicionalmente, el ministro de Economía y Finanzas,
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