Cavidea plantea corregir resolución y Ley Antiacaparamiento
Normas no se ajustan a realidad del sector alimentos
NO SE DEBE INTERRUMPIR PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA COMIDA
ELAINE ALVARADO HERNÁNDEZ
• La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), plantea la necesidad de corregir las deficiencias de la Resolución Conjunta del Ministerio de la Defensa, Agricultura y Tierras y Alimentación (SICA)
Así como la Reforma Parcial del decreto Nº 5.197 con rango, valor y fuerza de Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento y un conjunto de acciones destinadas al fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria de los venezolanos.
Representantes del sector alimento reiteraron ayer el alerta en torno a factores que impactan directamente en la Seguridad Alimentaria, tales como la vigencia de instrumentos legales que no se ajustan a la realidad de las operaciones del sector y por lo tanto no garantizan al consumidor venezolano el derecho a escoger los productos y las marcas de preferencia.
Pablo Baraybar, presidente de Cavidea, recordó que la Cámara de Alimentos hizo un llamado al Ejecutivo nacional, en torno a la incorrecta aplicación de la Ley Contra el Acaparamiento y de los controles sobre el transporte de alimento, al tiempo que anunciaron la posición de la industria de apoyar iniciativas y esfuerzos dirigidos a evitar acciones ilegales como el acaparamiento y la especulación, apoyando todas aquellas acciones que tiendan a generar abastecimiento e incrementar la seguridad alimentaria en el país.
“Cavidea propone un diálogo entre los distintos actores de la cadena - productores, industria, transportistas, comerciantes y autoridades, para lograr diseñar instrumentos efectivos para combatir el acaparamiento y no afectar la Seguridad Alimentaria de los venezolanos”.
Baraybar considera que los instrumentos legales deberán basarse en los siguientes principios: La aplicación de la Ley no debe suponer la interrupción de las operaciones y actividades de distribución de alimentos; las normas no deben prestarse a la interpretación discrecional de los funcionarios responsables de aplicarlas. Los organismos con potestades de fiscalización y sancionamiento deben trabajar de forma coordinada para evitar la duplicación de los esfuerzos del regulador y generar mayores retrasos como consecuencia de las contradicciones en la aplicación de la Ley y las múltiples visitas de las autoridades.
La normativa debe tener en cuenta la realidad del negocio, así como la complejidad del proceso de distribución y comercialización de alimentos; las autoridades responsables de implementar la Ley contra el acaparamiento debe permitir a las empresas defenderse y presentar toda la información necesaria antes de aplicar las sanciones; se debe garantizar que los productores de alimentos fabriquen y comercialicen lo que quiere el consumidor, garantizando variedad, calidad y cantidad suficiente de productos en el mercado, para satisfacer las necesidades y requerimientos del consumidor y finalmente garantizar la seguridad alimentaria del país.
El presidente de Cavidea informó que acudieron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para ejercer acciones judiciales a fin de corregir las deficiencias existentes en la Resolución Conjunta del Ministerio de la Defensa, Agricultura y Tierras y Alimentación (SICA); así como de la Reforma Parcial del decreto Nº 5.197 con rango, valor y fuerza de Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la especulación, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios.
