"Venezuela vive una tensión política preocupante"
El diputado uruguayo Jaime Trobo, miembro del Partido Nacional, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados de Uruguay y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, estuvo la semana pasada en Venezuela participando en la reunión que este último órgano celebró en Caracas.
El diputado Trobo es un buen amigo que siempre ha mantenido una posición de activa solidaridad hacia las reivindicaciones y las demandas de la oposición venezolana.
A su regreso a Montevideo, el pasado sábado 26, emitió un comunicado en el cual ofreció sus apreciaciones sobre la situación venezolana recogidas durante su permanencia en nuestro país y de manera especial se refirió a la denuncia que el alcalde Leopoldo López introdujo en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano por la violación de sus derechos políticos como consecuencia de la medida de inhabilitación dictada por el contralor general de la República.
Por la importancia que revisten las declaraciones del diputado Trobo y por la relevante posición que ocupa dentro del Parlamento uruguayo, dedico el espacio de mi artículo semanal a reproducir íntegramente su comunicado.
"Venezuela vive una tensión política preocupante. La tensión que provoca continuamente el gobierno en Venezuela resulta insoportable. Tanto en lo interno como en lo externo, la constante de Hugo Chávez es convertir la realidad en una confrontación maniquea, el mackartismo es su proceder y el escenario que ofrece esta realidad no es auspicioso.
La Comisión de DDHH del Parlamento Latinoamericano que se reunió días pasados en Venezuela, recibió la denuncia de que más de 370 personas han sido 'proscriptas' por un procedimiento contrario a la Constitución actual del país, para impedirles concurrir como candidatos a las elecciones que se realizarán en el próximo mes de noviembre. El caso más destacado es el del actual alcalde de Chacao, una circunscripción municipal de Caracas, que integra la lista de proscripciones por determinación del Contralor General, que es defendida a capa y espada por el gobierno y por los parlamentarios venezolanos de partidos que respaldan al gobierno. Paradójicamente, los congresistas venezolanos apoyan y defienden la proscripción política inconstitucional en su propio país, esto es increíble.
El diputado uruguayo Jaime Trobo, miembro del Partido Nacional, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados de Uruguay y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, estuvo la semana pasada en Venezuela participando en la reunión que este último órgano celebró en Caracas.
El diputado Trobo es un buen amigo que siempre ha mantenido una posición de activa solidaridad hacia las reivindicaciones y las demandas de la oposición venezolana.
A su regreso a Montevideo, el pasado sábado 26, emitió un comunicado en el cual ofreció sus apreciaciones sobre la situación venezolana recogidas durante su permanencia en nuestro país y de manera especial se refirió a la denuncia que el alcalde Leopoldo López introdujo en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano por la violación de sus derechos políticos como consecuencia de la medida de inhabilitación dictada por el contralor general de la República.
Por la importancia que revisten las declaraciones del diputado Trobo y por la relevante posición que ocupa dentro del Parlamento uruguayo, dedico el espacio de mi artículo semanal a reproducir íntegramente su comunicado.
"Venezuela vive una tensión política preocupante. La tensión que provoca continuamente el gobierno en Venezuela resulta insoportable. Tanto en lo interno como en lo externo, la constante de Hugo Chávez es convertir la realidad en una confrontación maniquea, el mackartismo es su proceder y el escenario que ofrece esta realidad no es auspicioso.
La Comisión de DDHH del Parlamento Latinoamericano que se reunió días pasados en Venezuela, recibió la denuncia de que más de 370 personas han sido 'proscriptas' por un procedimiento contrario a la Constitución actual del país, para impedirles concurrir como candidatos a las elecciones que se realizarán en el próximo mes de noviembre. El caso más destacado es el del actual alcalde de Chacao, una circunscripción municipal de Caracas, que integra la lista de proscripciones por determinación del Contralor General, que es defendida a capa y espada por el gobierno y por los parlamentarios venezolanos de partidos que respaldan al gobierno. Paradójicamente, los congresistas venezolanos apoyan y defienden la proscripción política inconstitucional en su propio país, esto es increíble.
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