Este absurdo conflicto, que amenaza a los verdaderos trabajadores de la Coca-Cola, y a la estabilidad de esa importante empresa demuestra una vez más lo nocivo de un gobierno populista y la existencia de un poder judicial sometido a los designios del gobierno y sus politiqueros.
En realidad los vendedores que reclaman nunca han sido empleados de la empresa, sino distribuidores independientes –concesionarios- que compraban sus productos para revenderlos a una clientela dentro de un sector determinado llamado ruta. Ellos obtenían un ingreso bruto y de allí deducían sus gastos: ayudante, gasolina, etc para quedarse con una ganancia muy superior a los sueldos de los trabajadores regulares. Además vendían y compraban esas concesiones o rutas, con lo que obtenían buenas ganancias, acorde con los logros de la comercialización.
Pretender ahora que la empresa los beneficie con prestaciones labores es injusto e ilegal. Mientras tanto son perjudicados los trabajadores, castigada económicamente la empresa y ahuyentadas las inversiones nacionales y foraneas.
Bartolomé Pérez.
