Por Rodolfo Dasilva
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Sigamos hablando de la propuesta reformatoria de la constitución. Decíamos en el artículo anterior que se proponía el cambio de unos artículos que tenían que ver directamente con la economía. Ya hablamos de la incidencia del artículo 112, en la economía y por ende, en nuestras vidas. [El artículo 112 trata sobre la regulación de la actividad económica]. La propuesta presidencial pide el cambio de otro artículo que apunta a la economía, el 115. El que tiene que ver con la propiedad privada.
De los 33 artículos propuestos al cambio constitucional que mandó el comandante al congreso, el 115 fue uno de los que se atrevieron a “corregir”. De los atributos de la propiedad se volaban la “disposición” de ella, sólo se le atribuía el “uso y consumo”. En los arreglos de la asamblea se cambió por “uso, goce y disposición”. Fue el único cambio hecho. Presuntamente se podrá disponer de la propiedad, se podrá vender, se podrá heredar. Lo de las expropiaciones, quedó igual. Igual de abusivo.
Las presiones para cambiar la propuesta del 115, con exactitud, no se puede precisar de donde vino. ¿Imperó la razón? Dudoso. ¿Tomaron conciencia del exabrupto? Dudoso también. ¿Obedecerá a la vieja táctica de amenazarte con quitarte mucho para que después cuando te quiten poco te contentes? Posible.
Lo cierto es que el que se propone ahora viene con ese cambio. ¿Significa mucho? De ser cierto el “espíritu de la letra”, tiene importancia. Ahora, perder de vista la intención asomada, sería una ingenuidad mayúscula de la ciudadanía, de la oposición, de la gente con conciencia de país.
Los ataques a la propiedad privada por parte de este gobierno no son disimulados, tampoco presentan tregua. El gobierno apunta claramente a echarle manos a los medios de producción, es decir, a las empresas, a las industrias. La existencia de la empresa privada tendrá supervivencia si se asocia al sector público, al “sector social” o al “sector colectivo”. En otras palabras, si se salva de la expropiación, tendrán que asociarse con otros “sectores”. ¿Qué tal?
Es grave que un grupo de inversionista que tuvieron la iniciativa e invirtieron o se endeudaron para producir bienes, servicios y empleos; pierdan su empresa y su inversión. Pero es más grave que un poco más del 80% de los empleos generados por el sector privado, pasen a depender del sector público; valga decir, del gobierno; valga decir, de una lista fascista; para lograr un empleo.
El triste corolario que traería la aprobación de este cambalache constitucional que pretende institucionalizar una dictadura, es que las inversiones privadas quedaría limitada a pequeños negocios, la producción nacional mermaría, la escasez seguiría ganando terreno, la emigración de jóvenes venezolanos de aceleraría. Pese a todo el ingreso petrolero que pueda haber, el país se desdibujaría irremediablemente bajo la bota militarista del gobierno. ¿Es que acaso Cuba no es un buen ejemplo a la vista? ¿Es tanta la desgracia que merece Venezuela para que esta propuesta reformatoria se imponga?
¿No será suficiente razón para ir a votar NO?//
