En una carrera contra el reloj, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Ecuador realiza gestiones para que Estados Unidos prorrogue las Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA, en inglés), que vencen dentro de unos 90 días para evitar que el eje bolivariano, que lidera Venezuela, absorba al país suramericano.
Esta situación fue planteada ayer en Miami por el vicepresidente de la organización empresarial, Blasco Peñaherrera Solá, durante una reunión que sostuvo con el presidente de la Cámara de Comercio Latina de EEUU (Camacol), William Alexander, y miembros de esa agrupación local.
''Debido a que el presidente Rafael Correa se ha negado a negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, hemos decidido realizar contactos por nuestra cuenta con representantes del gobierno estadounidense y del sector empresarial para lograr que se prorrogue la ATPDEA, mientras nos ponemos de acuerdo como nación'', dijo Peñaherrera Solá, quien tras su visita a Miami seguirá su camino hacia Washington D.C.
A su juicio, es mucho lo que está en juego, ya que si en febrero del 2008 queda sin efecto el acuerdo ATPDEA, el país andino perdería unos 350,000 empleos más $8,000 millones en ingresos por exportaciones, con serias consecuencias económicas y políticas.
''Ecuador caería en manos de ese nuevo eje bolivariano, que lidera el presidente [Hugo] Chávez y sus amigos'', señaló Peñaherrera Solá. ''Chávez ha hipnotizado al presidente Correa y a muchos ecuatorianos'' con toda esa riqueza procedente del petróleo, afirmó.
Pero también la Florida, sobre todo Miami, ''sufriría los efectos del cambio'' en el comercio entre ambos países. ''El 70 por ciento de los productos ecuatorianos de exportación'' amparados por el acuerdo ATPDEA son importados y distribuidos a través de Miami, señaló Peñaherrera Solá.
La mayoría de estos productos son perecederos como flores, vegetales y productos del mar. Entre ellos también figuran los derivados de la madera.
La ATPDEA (Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de las Drogas), que también beneficia a Bolivia, Colombia y Perú, fue aprobada inicialmente en 1991 para incentivar a estas naciones por la lucha antidrogas y la búsqueda de productos alternos en las regiones afectadas. Hasta la fecha el acuerdo ha sido prorrogado en tres ocasiones.
