Fuente:El Carabobeño
El presidente de Fedecámaras, José Manuel González, afirmó este lunes que con la reforma constitucional el Estado puede tener la posibilidad de asumir los sectores agrícolas, y ello sería una disminución del derecho de propiedad. Precisó que “la poca certeza jurídica sobre la propiedad privada se acentúa en el artículo 305, contemplado en el proyecto de reforma constitucional, al asignar a la República la posibilidad de asumir sectores de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y transferir su ejercicio a entes autónomos, empresas públicas u organizaciones sociales, así como ejercer además su facultad expropiatoria o sus potestades de ocupación previa”. “Se profundiza la disminución del derecho de propiedad, al pretender aplicar tributos sobre todas las tierras productivas que no sean empleadas para la producción agrícola y pecuaria (art. 307). Es que acaso se pretende desconocer otras normas que hayan permitido el cambio de uso a tierras que en principio podrían ser consideradas productivas y en consecuencia de vocación agrícola o pecuaria, pero respecto a las cuales, motivado al crecimiento poblacional, las respectivas autoridades se vieron obligadas a cambiar el uso de las tierras a residencial o industrial, según fuere necesario”, dijo. Añadió que “no es restándole posibilidades al ciudadano y disminuyéndole sus derechos como se promueve el desarrollo y el mejoramiento de su calidad de vida, sino facilitándole las herramientas para crecer moral, social y económicamente, y para esto hay que garantizar la seguridad jurídica y dar certeza sobre la seguridad patrimonial a los venezolanos”. El dirigente empresarial expuso que “si se habla de orientar los esfuerzos hacia el autoabastecimiento, y garantizar la seguridad agroalimentaria, se requiere incrementar la producción interna con el propósito de aumentar la oferta de materias primas y productos terminados para reactivar el aparato productivo, generar empleos, disminuir la erogación de divisas, y todo ello implica dar seguridad a los empresarios, a quienes trabajan la tierra, así como favorecer la producción nacional más que las importaciones”. “La política agroalimentaria debe ser de Estado, debe ir más allá de un gobierno o de un ministro. Es fundamental lograr la concertación entre el sector público y el privado a objeto de revisar periódicamente el tema del abastecimiento y tomar decisiones de manera planificada y conjunta”, manifestó finalmente.
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