Por Rodolfo Dasilva
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Entre los artículos que se proponen modificar de la Constitución actual, está el 115, que trata el asunto de la propiedad privada. En él, vuelan el derecho a la propiedad privada. El “derecho al uso, goce, disfrute y disposición”; se pretende cambiar por el “uso y consumo”. Más todavía, en la Constitución actual se contempla la expropiación, “sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización…”. En la propuesta presidencial, la expropiación se puede efectuar “por causas de utilidad pública o de interés general”, y como si fuera poco, se podrá “ocupar previamente” mientras dure el proceso judicial.
Ciertamente que la prepuesta es una daga, y como tal, está siendo rechazada por la mayoría de los venezolanos. No sólo por los que tienen propiedades de cierta valía monetaria, también por aquellos que tienen poco, hasta por los que no tiene nada de nada. Quizás éste sea el artículo más delicado que se propone en la reforma presidencial, de hecho, últimamente es sobre el que más opinan los gobierneros, y hasta se contradicen, por cierto.
La incertidumbre de lo que pueda pasar con cualquier propiedad que se pueda tener ganada honradamente, es motivo de rechazo a la propuesta. Es aceptable y comprensible que temamos perder el derecho sobre alguna propiedad, por pequeña que sea. Eso es preocupante, pero las repercusiones de eliminar la propiedad privada y dejar a manos libres las expropiaciones, van mucho más allá de perder un carro o un apartamento, o que nuestros hijos no puedan heredarnos. ¡No! el asunto es más grave aún. Si la Constitución [el gobierno] no protege la propiedad privada y además es permisiva con las invasiones, ¿quién va a invertir en el país? ¿Qué pasará con el sector privado? ¿Qué pasará con los empleados del sector privado?
Las respuestas a estas preguntas las sabemos. Y también sabemos que si el sector privado desaparece como generador de empleo [más del 80% de los puestos de trabajo formales], estaríamos entre una tenaza diabólica. Por una parte, el único empleador sería el sector público, o sea, el gobierno, o sea el partido rojo rojito. En consecuencia, el que quiera emplearse, tendrá que pintarse de rojo. Pero por otra parte, la miseria caería sobre el país. La escasez se acentuaría superlativamente, el deterioro social caería en abismos profundos, la corrupción será aún mayor la existente. Entonces, de que valdría tener una propiedad, si no se tiene empleo para mantenerla, si no se tiene ingreso para satisfacer las necesidades básicas. Más aún, se tendrá apartamento o vehículo si el gobierno lo permite.
Ya estamos viviendo las amenazas y las efectivas persecuciones contra la propiedad privada, tales como RCTV, Ávila Mágica, Hotel Hilton, el Parque Canaima, hatos productivos, edificios privados, fábricas, hasta la propiedad intelectual estará en peligro. ¿Faltará mucho para los medios de comunicación? ¿Se salvará la banca? ¿Cuánto tiempo le restan a las clínicas?
Si para el cierre del mes de septiembre, según cifras del gobierno, el índice de desempleo se ubicó el algo más del 8% [sin incluir el buhonerismo], habría que preguntarse si este gobierno asumiendo el empleo de toda la población económicamente activa del país, sería capaz de bajar este delicado índice.
¿Esta razón no es suficiente para ir a votar NO a la reforma presidencial?//
