Emen .- La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), introdujo este martes 30 de octubre ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de nulidad contra la Ley de Costos y Precios Justos.
Según los asociados de Conindustria, la Ley "restringe la posibilidad de consumidores y usuarios de elegir los productos de su preferencia y además, atenta contra la libertad de empresa y el derecho de propiedad de todos los venezolanos", indicaron en una nota de prensa.
La acción judicial fue suscrita por las cámaras de Zulia y Lara, así como la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera (Acoinva), la Cámara de Pequeños Industriales y Artesanos del estado Carabobo (Capemiac), la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, la Cámara de Industriales del estado Carabobo (Ciec).
Carlos Larrazábal González, presidente de Conindustria, dijo que "el sector manufacturero nacional está de acuerdo con la necesidad de ofrecer productos a precios asequibles al consumidor, pero este objetivo no se logra mediante controles y regulaciones que sólo atacan los síntomas y no el verdadero problema, que es la inflación".
"La única manera de bajar los precios de verdad y que los consumidores no sacrifiquen calidad es aumentando la oferta pero la Ley de Costos y Precios Justos no lo permite”, aseguró
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